Dos mil trescientos cincuenta y cinco milanos reales y negros; dos mil ciento cuarenta y seis buitres leonados; seiscientos treinta y ocho buitres negros; trescientos cuarenta y ocho alimoches; ciento catorce águilas imperiales y cuarenta quebrantahuesos han muerto envenenados durante la última década. SEO/BirdLife lleva la cuenta. Los datos recogidos por la organización conservacionista decana en España reflejan una «pequeña fracción de la mortalidad real» que se produce, aseguran.
Hasta 1983 se autorizaba el uso de cebos envenenados para eliminar animales considerados «dañinos» para la caza, la ganadería, la agricultura, la columbicultura y la apicultura. «Existe un stock de volumen desconocido de sustancias tóxicas que poseen una dosis letal media muy alta almacenado en explotaciones agrarias y que encuentra salida en el comercio clandestino», explica David de la Bodega, coordinador del proyecto Life+ VeneNO.
A principios de octubre se fallaba la sentencia condenatoria contra dos miembros de una sociedad de colombicultura de Valmadrid (Zaragoza) por el envenenamiento de dos águilas perdiceras dentro de un espacio reconocido como Zona de Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). El águila perdicera, además, se encuentra catalogada como especie «en peligro de extinción» en Aragón, por lo que los acusados deberán abonar a la comunidad 33.015 euros.
Fitosanitarios
«El Código Penal recoge delitos relativos a la protección de la fauna (arts. 332-337), pero los considera “menores”. Las multas impuestas, de 3.000 euros, por ejemplo, suponen un riesgo asumible para la mayoría de los procesados, que pertenecen al solvente sector cinegético. Las legislaciones autonómicas, en cambio, los contemplan con mayor gravedad y las sanciones que reservan para ellos pueden alcanzar los 200.000 euros en algunos casos. Sin embargo, el Derecho no puede ver la misma causa dos veces», declara De la Bodega, experto legal de SEO/BirdLife.
«Dentro del Life+ VeneNO, que empezó el 1 de enero de 2010, se han dado cuatro resoluciones condenatorias. Cuarenta y cinco en total desde 1994. De un tiempo a esta parte, percibimos mayor sensibilidad en los Juzgados que se ocupan de estos casos», continúa.
El 14 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto sobre uso sostenible de los productos fitosanitarios, limitando quién (manipuladores profesionales) puede adquirirlos y en cuanta proporción.
Mastines
Desde hace dos años, el programa LIFE+ VeneNO, cofinanciado por la Comisión Europea (40%), la Fundación Biodiversidad (26%), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria, persigue mejorar la detención de éste, lograr dictámenes que sirvan de escarmiento para quienes se valen de él de forma ilícita y demostrar que existen otras soluciones, por ejemplo, a la hora de disuadir a los cuervos y busardos ratoneros que atacan a los cabritos recién nacidos en Fuerteventura o a los lagartos que se hidratan a partir de las vides y los tomates tinerfeños.
«La ganadería y agricultura extensivas, desarrolladas, hoy, como complementarias a otras actividades económicas, están desaprovechando recursos tradicionales que siempre han evitado la depredación. Eso es lo que tratamos de enseñar con los estudios que hemos puesto en marcha. Hemos colocado recipientes con agua en los cultivos de Tenerife, para que beban los lagartos. Y les hemos aconsejado a los pastores majoreros que reúnan a su ganado bajo techo en épocas de cría y se aprovechen de los perros para custodiarlo», comenta De la Bodega.
Life+ VeneNO cuenta con una dotación económica de 1,6 millones de euros (hasta el 30 de marzo de 2014). El dinero sirve ya para mantener un teléfono gratuito de SOS y una red de voluntarios, así como para formar agentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Fuerteventura y Gran Canaria.
Menos pollos
El veneno, por lo general, afecta a la fracción adulta reproductora, originando el asilamiento de poblaciones de aves, la pérdida de territorios y la disminución del relevo generacional, alertan desde SEO/BirdLife. Si ciertas piezas de caza (liebres, tórtolas, jabalíes) llegan a la cadena trófica, además, engendra un riesgo para la salud pública.
«Los cebos envenenados se esconden en alimentos comunes como magdalenas, chorizo, sardinas en conserva, jamón, salchichas… tanto en zonas urbanas como en entornos rurales, al alcance, también, por supuesto, de niños. Un gramo de aldicarb –químico cuyo empleo se prohibió en España en 2007, aunque se sigue detectando- puede acabar con varias personas», concluye De la Bodega.
